Por Christian Freres y Luisa Barrenechea. Madrid

El primer país de origen de solicitantes de asilo en España en 2019 fue Venezuela. Desde 2016, año en que la crisis humanitaria comienza a agravarse y se observa un importante aumento del flujo migratorio, han venido miles de venezolanos en busca de protección y mejores condiciones de vida, estando empadronados en la actualidad en España casi 189.000 venezolanos. Esta realidad nos obliga a plantearnos muchas preguntas. ¿Qué hay detrás de este gran éxodo humano? ¿De qué huyen los venezolanos, dónde se van y cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional, en especial de España, a esta crisis humanitaria sin precedentes en la región? ¿Cómo ha afectado la actual pandemia de laCOVID-19 a la vida de estas personas?

Los datos de solicitudes de asilo en España impresionan, pero como suele ocurrir en los desplazamientos forzados en el mundo que se concentran actualmente en el hemisferio Sur, la mayoría de las personas que han salido de Venezuela (5,2 millones) se han quedado en los países vecinos, sobre todo Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Solo en Colombia hay actualmente 1,8 millones de venezolanos, el 56,6% sin un estatus migratorio regular.

A diferencia de otros grandes movimientos humanos (Siria, Sahel, el Cuerno de África, Bangladesh) en el mundo hoy, estas personas no huyen de un conflicto interno o internacional ni de una catástrofe natural. Los venezolanos -y un gran número de colombianos que residían en ese país que hasta hace poco era una tierra de oportunidades- escapan de un estado cada vez menos capaz de ofrecerles condiciones mínimas para una vida digna.

Un dato sobresaliente es que los países vecinos que tienen una renta per cápita intermedia y enfrentan problemas como desigualdades estructurales, violencia o carencias sociales que impiden cubrir las necesidades básicas de sus propios ciudadanos, han acogido a 4,3 millones de venezolanos en un periodo relativamente corto de tiempo. Un hecho que demuestra una gran capacidad de solidaridad y que requiere un importante reconocimiento y esfuerzo por parte de la cooperación internacional.

Desde 2000, los venezolanos han llegado a la zona en varias olas -cada una más fuerte que la anterior- a medida que la situación empeoraba en el interior de Venezuela. La capacidad de acogida de los países de la región se ha visto desbordada, provocando que miles de migrantes se encuentren en un limbo legal que no les permite integrarse en los países de acogida ni disfrutar de unos medios de vida estables para atender a las necesidades de sus familias.

A pesar de ello, la comunidad internacional ha tardado en reaccionar tanto a la crisis humanitaria dentro de Venezuela como a la crisis de desplazamientos en la región. Fue en abril de 2018 cuándo el Secretario General de Naciones Unidas tomó la iniciativa de crear la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela con el objetivo de responder a la problemática regional, al tiempo que se iba impulsando la formación de una mínima arquitectura humanitaria para abordar las necesidades de personas vulnerables en Venezuela.

El primer resultado visible de estas iniciativas fue la elaboración de sendos planes de respuesta que suponían el reconocimiento de una crisis humanitaria compleja de grandes proporciones, poniendo de relieve que la crisis migratoria venezolana es la segunda más grande de este tipo en el mundo, detrás de la provocada por la guerra civil en Siria. Los retos son enormes (el Plan Regional solicita 1,4 mil millones de dólares mientras el plan de respuesta para Venezuela 2020 requiere $762,5 millones) y a pesar del esfuerzo de la comunidad internacional no hay más que asomarse a la frontera colombiano-venezolana por alguno de los dos países para ser consciente de la magnitud de las necesidades y de los desafíos a los que se enfrentan los organismos y agencias que trabajan en la frontera.

A este complejo escenario se ha sumado la eclosión de la COVID-19 que ha tenido un importante impacto en las ya deterioradas condiciones de vida de los migrantes y refugiados venezolanos. La pérdida de empleo y alojamiento, las dificultades de acceso a servicios básicos, el aumento de los brotes de xenofobia o las limitaciones de protección son algunas de las dificultades derivadas de la pandemia y de las medidas para contenerla. Los países de acogida se enfrentan a la crisis sanitaria interna sin mucho margen presupuestario, viendo desbordadas sus capacidades de acogida. Algunos de los avances que se habían logrado en materia de integración han saltado por los aires aumentando la pobreza y la desigualdad de los migrantes y refugiados venezolanos.

La respuesta internacional a la crisis de los migrantes venezolanos está siendo importante al permitir dar visibilidad a la emergencia y recaudar fondos para adoptar medidas que mitiguen la vulnerabilidad de este colectivo. En los últimos meses se han llevado a cabo dos conferencias de solidaridad, la primera en octubre de 2019, y la segunda en plena pandemia, el 26 de mayo de 2020, patrocinada por la UE y España con el apoyo de la OIM y ACNUR.

El haber asumido el liderazgo de esa iniciativa refleja la prioridad que España ha puesto en atender la crisis migratoria, lo que se ha concretado en el anuncio de destinar cincuenta millones de euros para tres años.

La AECID está colaborado con este esfuerzo financiando proyectos en varios países de la región –incluyendo Venezuela- tanto en al ámbito multilateral como a través de ONG. LA Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), debido a su especialización y conocimiento del contexto, se han convertido en socios prioritarios que permitirán llevar a cabo una respuesta integral en sectores clave como protección, mejora de las condiciones de vida o integración en los países de acogida.

La acción humanitaria española tiene como uno de sus focos principales la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela donde se concentran un gran número de personas en una situación de vulnerabilidad absoluta. Una presión en la frontera que se ha visto aumentada por los retornos de venezolanos que, desde primeros de año, se están produciendo por causa de la pandemia.

Desde 2017 la AECID apoya la labor de varias organizaciones en Cúcuta (Colombia), que proveen asistencia a venezolanos migrantes y refugiados. Destaca como socio la Cruz Roja Colombiana que recibe a las personas en movimiento en la frontera con apoyo sanitario y psicosocial, alojamiento temporal y ayuda para traslados a otras partes de Colombia. También se está apoyando la labor de varias ONG españolas en esta zona.

Al otro lado de la frontera, en San Antonio del Táchira (Venezuela), la AECID colabora con ACNUR en la puesta en marcha de un espacio de protección y asistencia, así como en la dotación e instalación de baterías y paneles solares en cinco centros de alojamiento temporal colectivo.

Con motivo de la conferencia de donantes se realizó una campaña en medios para que todos los actores involucrados en esta crisis pudieran participar. Se incluyeron historias de trayectorias migratorias y mensajes a través de las redes en plataformas como #JuntosxLosVenezolanos. A través de ellos pudimos conocer los mensajes de bienvenida que reciben los caminantes venezolanos en la casa de acogida temporal “Un Techo para el Camino” en Guayaquil o el testimonio de cómo un médico venezolano residente en Ecuador explica a los más vulnerables cómo defenderse del covid-19.

Todas estas historias ponen cara y voz a los más de cinco millones de venezolanos que, como señaló el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la conferencia de solidaridad, “necesitan con urgencia protección y asistencia humanitaria vital”.

Christian Freres es experto senior para América Latina de la Oficina de Acción Humanitaria, y Luisa Barrenechea es Responsable de Programas, ambos trabajan en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).