La Cooperación Española promueve la protección de los derechos de las personas con discapacidad
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Date of publication of the news item 10/12/2020 - 00:00
News categories AMÉRICA LATINA Y CARIBE | Cooperación para el desarrollo
Summary of the news Una reflexión desde la justicia y la educación en torno a los ordenamientos de la Convención de la ONU para promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad
En el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los Centros de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias (Colombia) y en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) han desarrollado dos actividades de capacitación con el fin de analizar, por un lado, buenas prácticas en el acceso a la justicia y, por otro, conocer cómo se implementa la educación inclusiva para las personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19: el seminario "El nuevo derecho de la discapacidad a la luz de la Convención de la ONU: buenas prácticas y reformas necesarias para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad" y el webinario "No dejar a ningún niño o niña con discapacidad atrás en tiempos de COVID- 19".
Ambas actividades, dentro de la línea de capacitación de INTERCOONECTA —el Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión del Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe, puesto en marcha por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) —, han contado con la participación de expertos en la materia que han generado espacios de reflexión en torno a los deberes y responsabilidades de los sectores de la justicia y educativo frente a la puesta en marcha de los ordenamientos de la Convención de la ONU, cuya finalidad es promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entre los principios generales de la Convención se encuentran el respeto a la dignidad inherente a cada ser humano, la autonomía individual, la independencia de las personas, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad.
HACIA UNA REALIDAD INCLUSIVA
Organizado con el Consejo General del Notariado y la Fundación Aequitas, el seminario "El nuevo derecho de la discapacidad a la luz de la Convención de la ONU: buenas prácticas y reformas necesarias para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad" contó con la participación de magistrados, fiscales, procuradores, notarios y funcionarios con poder de decisión sobre los procesos normativos en curso. Durante su desarrollo se identificaron los principales retos y desafíos para la implementación de políticas y programas que atiendan plenamente las prioridades y necesidades de las personas con discapacidad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por su parte, el webinario "No dejar a ningún niño o niña con discapacidad atrás en tiempos de COVID- 19", organizado con el Ministerio de Educación y Formación de España en el marco de las acciones de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales (RIINEE), estuvo dirigido a responsables de educación especial y/o inclusiva de todos los países miembros. En él se presentó una radiografía del estado actual de la Red y de la situación de las personas con discapacidad en los países que la integran en términos de educación inclusiva, principalmente en el contexto de la pandemia por COVID-19, que ha obligado a los sistemas educativos a replantear toda su metodología y a adaptarse a nuevas tecnologías y formatos. Esta actividad, además, servirá como punto de partida para el desarrollo de las nuevas acciones que den continuidad al trabajo de la Red, apostando por un modelo de educación inclusiva bajo el marco de la Agenda 2030 y de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS
La Agenda 2030, en el marco del cumplimiento de los ODS, señala la responsabilidad de los Estados de respetar y promover los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas y especialmente de los colectivos de población más vulnerables, entre ellos, las personas con discapacidad. En línea con lo anterior, la Cooperación Española tiene dentro de sus objetivos prioritarios fortalecer la inclusión social de las personas con discapacidad, destacando en su V Plan Director (2018-2021), como una de sus prioridades políticas y estratégicas, la importancia de mejorar las condiciones de vida de esta población.
La Cooperación Española promueve la protección de los derechos de las personas con discapacidad
Una reflexión desde la justicia y la educación en torno a los ordenamientos de la Convención de la ONU para promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad
En el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los Centros de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias (Colombia) y en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) han desarrollado dos actividades de capacitación con el fin de analizar, por un lado, buenas prácticas en el acceso a la justicia y, por otro, conocer cómo se implementa la educación inclusiva para las personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19: el seminario "El nuevo derecho de la discapacidad a la luz de la Convención de la ONU: buenas prácticas y reformas necesarias para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad" y el webinario "No dejar a ningún niño o niña con discapacidad atrás en tiempos de COVID- 19".
Ambas actividades, dentro de la línea de capacitación de INTERCOONECTA —el Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión del Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe, puesto en marcha por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) —, han contado con la participación de expertos en la materia que han generado espacios de reflexión en torno a los deberes y responsabilidades de los sectores de la justicia y educativo frente a la puesta en marcha de los ordenamientos de la Convención de la ONU, cuya finalidad es promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entre los principios generales de la Convención se encuentran el respeto a la dignidad inherente a cada ser humano, la autonomía individual, la independencia de las personas, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad.
HACIA UNA REALIDAD INCLUSIVA
Organizado con el Consejo General del Notariado y la Fundación Aequitas, el seminario "El nuevo derecho de la discapacidad a la luz de la Convención de la ONU: buenas prácticas y reformas necesarias para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad" contó con la participación de magistrados, fiscales, procuradores, notarios y funcionarios con poder de decisión sobre los procesos normativos en curso. Durante su desarrollo se identificaron los principales retos y desafíos para la implementación de políticas y programas que atiendan plenamente las prioridades y necesidades de las personas con discapacidad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por su parte, el webinario "No dejar a ningún niño o niña con discapacidad atrás en tiempos de COVID- 19", organizado con el Ministerio de Educación y Formación de España en el marco de las acciones de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales (RIINEE), estuvo dirigido a responsables de educación especial y/o inclusiva de todos los países miembros. En él se presentó una radiografía del estado actual de la Red y de la situación de las personas con discapacidad en los países que la integran en términos de educación inclusiva, principalmente en el contexto de la pandemia por COVID-19, que ha obligado a los sistemas educativos a replantear toda su metodología y a adaptarse a nuevas tecnologías y formatos. Esta actividad, además, servirá como punto de partida para el desarrollo de las nuevas acciones que den continuidad al trabajo de la Red, apostando por un modelo de educación inclusiva bajo el marco de la Agenda 2030 y de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS
La Agenda 2030, en el marco del cumplimiento de los ODS, señala la responsabilidad de los Estados de respetar y promover los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas y especialmente de los colectivos de población más vulnerables, entre ellos, las personas con discapacidad. En línea con lo anterior, la Cooperación Española tiene dentro de sus objetivos prioritarios fortalecer la inclusión social de las personas con discapacidad, destacando en su V Plan Director (2018-2021), como una de sus prioridades políticas y estratégicas, la importancia de mejorar las condiciones de vida de esta población.
